En el complejo ecosistema de la administración pública, una cifra ha encendido las alarmas de la Contraloría y de la opinión pública: 28 millones de dólares. Ese es el costo que el fisco debió asumir por concepto de licencias médicas de funcionarios que, al momento de ser emitidas o ejecutadas, se encontraban en el extranjero. Con un promedio de 18 días por permiso, el hallazgo no solo tensiona las arcas fiscales, sino que golpea la línea de flotación de la confianza ciudadana.
Para un dirigente social, que a menudo lucha por conseguir una subvención mínima para su sede o un operativo de salud en su barrio, estos montos representan una desconexión profunda entre las urgencias del territorio y la vigilancia del aparato estatal.
El rigor de la fiscalización y la brecha del control
El análisis de este fenómeno permite dimensionar la fragilidad de los sistemas de verificación entre FONASA, la Compín y los registros de extranjería. El informe de la SUSESO muestra que no estamos ante casos aislados, sino ante una brecha sistémica que permite el flujo de recursos públicos hacia situaciones de dudosa legitimidad médica.
Desde el prisma de la gobernanza, este escenario plantea una pregunta incómoda: ¿Cómo aseguramos que la seguridad social no sea vulnerada por privilegios administrativos? El desafío para las autoridades no es solo perseguir la responsabilidad individual y los sumarios administrativos, sino blindar un sistema de licencias que debe ser un refugio para el trabajador enfermo y no una vía de escape financiada por el Estado.
El rol del dirigente frente a la ética pública
Como líderes territoriales, nuestra labor ante estos escándalos no es la del espectador pasivo. La autonomía y la dignidad de las comunidades se ven amenazadas cuando la fe pública se quiebra por el mal uso de los fondos colectivos.
La lección de esta crisis es clara: el Chile del futuro exige una fiscalización ciudadana activa que demande los mismos estándares de rigor tanto para el vecino que postula a un fondo concursable como para el funcionario del Estado.
Debemos ser capaces de exigir que cada peso recuperado de estas irregularidades sea reinvertido en las carencias reales de los barrios. La verdadera seguridad ciudadana comienza con la certeza de que el presupuesto público se destina a sanar las heridas del territorio y no a subvencionar la informalidad en el extranjero.
Lo que pensamos en SOY DIRIGENTE
La probidad no es un adorno del cargo, es la base de nuestra autoridad moral. Cuando los recursos del Estado se diluyen en grietas de falta de control, es el barrio el que termina pagando la cuenta. Como dirigentes, nuestro compromiso es con la transparencia, porque solo un Estado honesto puede ser un socio digno para nuestras organizaciones.