En los pasillos de la Municipalidad de Peñalolén, el silencio administrativo se ha visto interrumpido por el eco de una acción judicial de proporciones sistémicas. El actual alcalde, Miguel Concha, ha interpuesto una querella criminal contra su predecesora, Carolina Leitao, y quienes resulten responsables, por un presunto fraude al fisco que ascendería a, al menos, 12 mil millones de pesos.
Para un dirigente social, estas cifras no son solo abstracciones contables; representan recursos que dejaron de llegar a las sedes, a la seguridad y al pavimento de los barrios. El aire en la comuna se ha vuelto denso, cargado de la sospecha que surge cuando los mecanismos de control interno parecen haber fallado frente a una estructura de irregularidades financieras que hoy la justicia debe desentrañar.
La anatomía del fraude y la fragilidad del control
Descender al detalle de la querella permite dimensionar un esquema de presunta malversación que utiliza la complejidad técnica del presupuesto municipal como escudo. El análisis apunta a irregularidades en el pago de horas extras, licitaciones cuestionables y una gestión de fondos que, según la acusación, se alejó del bienestar público para alimentar una maquinaria de beneficios indebidos. Desde el prisma de la gobernanza, este caso pone en evidencia una pregunta incómoda: ¿Cómo es posible que una brecha de tal magnitud pase desapercibida para los entes fiscalizadores locales durante años? El desafío para la actual administración no es solo perseguir la responsabilidad penal, sino reconstruir un sistema de transparencia que asegure que el impacto en el servicio municipal sea mínimo mientras se sanean las arcas institucionales.
El rol de la dirigencia frente a la crisis de probidad
Como dirigentes, nuestra labor ante estos escándalos no es la de meros espectadores de la crónica roja política. La autonomía de las comunidades se ve directamente amenazada cuando la fe pública se quiebra por actos de corrupción.
La lección de Peñalolén es clara: el Chile del futuro requiere de líderes territoriales informados que actúen como nexos críticos de fiscalización, exigiendo cuentas claras no solo en los hitos de campaña, sino en la gestión cotidiana del presupuesto. Debemos prepararnos para que este proceso judicial no se convierta en una paralización del progreso local, sino en una oportunidad para exigir que la política de proximidad se rija por los más altos estándares éticos.
La verdadera seguridad ciudadana comienza con la certeza de que el dinero de todos se queda a vivir en la calle y no desaparece en las grietas de la burocracia.
El punto de vista de SOY DIRIGENTE
La probidad no es un discurso, es un ejercicio de vigilancia permanente. Los líderes sociales debemos conocer las arcas de nuestro municipio antes de que se vacíen, para asegurar que el progreso no sea solo un eslogan, sino una realidad palpable en cada rincón del barrio.