La seguridad ciudadana se ha convertido en la prioridad número uno de las juntas de vecinos, pero el reciente hallazgo de la Contraloría General de la República en ocho municipios de la Región Metropolitana y cuatro del Biobío actúa como un balde de agua fría.
Detectar que hay cámaras inoperativas o centrales de monitoreo sin personal calificado es, en términos simples, una negligencia que deja a la comunidad vulnerable. En SOY DIRIGENTE entendemos que no basta con que el alcalde «anuncie» más cámaras en la cuenta pública; el rigor institucional exige que esa tecnología funcione 24/7.
Si la cámara de la esquina no graba, el esfuerzo del dirigente por organizar el barrio se pierde en un punto ciego institucional.
La evidencia delatora: Los tres fallos de la gestión municipal
El análisis del ente contralor desmenuza una cadena de ineficiencias que han estado produciendo de manera transversal en las capitalinas comunas de Santiago, Estación Central, Recoleta, Quinta Normal, Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel e Independencia, además de las comunas de Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Chiguayante.
Los dirigentes debemos conocer para poder fiscalizar con propiedad, por lo que es especialmente importante poner énfasis en estos hallazgos que revelan una gestión que prioriza la «compra» por sobre la «operación»:
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Infraestructura de adorno: Se detectaron cientos de cámaras que, por falta de mantenimiento o de pago de servicios de enlace, están apagadas. Para un municipio, esto es un desperdicio de recursos; para un vecino que sufrió un portonazo frente a una de ellas, es una falta de respeto.
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La impunidad de la multa: El informe señala que millones de pesos en multas a empresas de seguridad o por incivilidades nunca fueron cursadas o cobradas. Esa «blandura» administrativa le quita peso a la ley y fomenta que las empresas sigan prestando servicios deficientes.
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Falta de protocolos de respuesta: De nada sirve una cámara que funciona si no hay un protocolo de coordinación inmediata con Carabineros. La Contraloría detectó tiempos de respuesta que exceden lo razonable, convirtiendo la vigilancia en una mera observación pasiva. Una acción inútil.
El dirigente como fiscalizador del presupuesto de seguridad
Como líderes territoriales, nuestra labor es pasar de la «petición» a la «exigencia técnica». La autonomía de las comunidades se fortalece cuando el dirigente sabe preguntar: «¿Quién mantiene estas cámaras? ¿Cuál es el porcentaje de operatividad mensual en nuestro cuadrante?».
La lección para el Chile del futuro es que la seguridad no es un eslogan de campaña, sino que un servicio público que debe rendir cuentas. Un municipio que no cobra sus multas es un municipio que tiene menos presupuesto para luminarias o sedes sociales. Nuestra responsabilidad es que cada peso invertido en seguridad realmente cuide la vida y el patrimonio de nuestras familias.
Tres preguntas que su directiva debe hacer en el próximo Concejo Municipal
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Estado de operatividad: «¿Qué porcentaje de las cámaras de nuestro barrio están grabando hoy y cuántas están en mantención?»
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Contratos de servicio: «¿Qué sanciones se han aplicado a la empresa de cámaras por las fallas detectadas por Contraloría en nuestra comuna?»
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Coordinación de centrales: «¿Cuántos operarios hay por turno en la central de monitoreo para asegurar que nuestra zona esté realmente vigilada?»
¿Qué creemos nosotros en SOY DIRIGENTE?
Una cámara que no graba es una mentira colgada en un poste. La seguridad real se construye con mantenimiento, personal atento y una dirigencia que no tiene miedo de exigir que los recursos del barrio se cuiden con rigor.