A las once de la mañana, en la Caja Vecina del barrio, una mujer de 74 años sostiene su teléfono con ambas manos. “Era un bono”, dice. Nadie le pidió la clave, solo un código. A su lado, otra vecina asiente en silencio: a su hermano le pasó lo mismo la semana pasada.
Un delito que crece donde el Estado llega tarde
De acuerdo con información de El Mercurio, las cifras muestran un aumento sostenido: Las estafas a adultos mayores pasaron de menos de 2 mil casos en 2018 a más de 9 mil en 2025, según la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero el problema no es solo el volumen, es la velocidad. El fraude evoluciona más rápido que la respuesta institucional.
Mensajes de texto, enlaces falsos, llamadas que simulan ser de bancos o beneficios estatales. Todo ocurre en un espacio difuso: el celular, donde la regulación es débil y la fiscalización prácticamente inexistente. Para muchos adultos mayores, ese entorno sigue siendo ajeno, pero obligatorio.
El resultado es una asimetría evidente: delincuentes que operan con precisión digital frente a usuarios que aún confían en la palabra ¿Cómo se protege a alguien en un sistema que no termina de comprender?
El barrio como contención frente a un problema estructural
En la práctica, el primer lugar donde este fenómeno se reconoce no es una institución, es la junta de vecinos. Dirigentes comienzan a notar patrones: casos repetidos, montos similares, víctimas que prefieren no denunciar.
La estafa no solo afecta a quien pierde dinero. Introduce una variable más profunda: la desconfianza. Vecinos que dejan de compartir información, adultos mayores que se aíslan digitalmente, comunidades que comienzan a operar bajo sospecha.
Algunas organizaciones reaccionan con lo que tienen: talleres básicos, redes de alerta, cadenas de aviso. No son soluciones estructurales, pero son inmediatas. Porque cuando la política pública no logra anticiparse, la comunidad absorbe el impacto.
Y ahí se instala una tensión incómoda: lo que debiese ser protección institucional termina siendo gestión comunitaria.
El fraude se vuelve cotidiano. Y con eso, también el desgaste.
En barrios donde la confianza sostiene la convivencia, cada estafa deja una marca que no siempre se ve.
Lo que creemos en SOY DIRIGENTE
Cuando un delito logra instalarse en la rutina del barrio, deja de ser un problema individual y pasa a ser un síntoma de desprotección estructural. Si la primera respuesta efectiva ocurre en la junta de vecinos y no en el sistema, entonces el problema no es solo delictual, es de gobernanza.