En el complejo equilibrio entre la fiscalización municipal y el derecho a emprender, la Corte de Apelaciones de Santiago ha dictado una sentencia que marca un precedente fundamental para la gobernanza. El tribunal anuló un decreto alcaldicio -emitido por la máxima autoridad de la comuna de Independencia, Agustín Iglesias- que pretendía clausurar un local comercial que mantenía su patente al día, argumentando que la autoridad municipal invocó hechos que no están contemplados en la ley para una medida tan extrema.
Para un dirigente social este fallo no es una noticia jurídica cualquiera, pues en un escenario de conflicto vecinal hechos como este perfectamente pueden replicarse, por lo que funciona como un recordatorio de que la autoridad, aunque tenga buenas intenciones o presiones de la comunidad, debe actuar siempre dentro del marco de la ley, de manera imparcial y objetiva.
El rigor de la ley frente al arbitrio administrativo
El análisis de la sentencia de la Corte de Santiago N°189-2025 (Contencioso administrativo) pone en evidencia una falla en la arquitectura de la decisión municipal: la falta de tipicidad. Para sancionar a un contribuyente o a una organización, la falta debe estar escrita y definida previamente en la normativa.
Este caso plantea una pregunta crítica: ¿Qué sucede cuando el municipio utiliza el decreto como una herramienta de presión en lugar de una herramienta de justicia? La Corte ha sido clara al señalar que el municipio no puede inventar causales de clausura «sobre la marcha». Esta decisión protege a la comunidad de actos arbitrarios que, aunque a veces buscan solucionar conflictos vecinales de forma rápida -y que pueden ser legítimos-, al saltarse los procedimientos legales terminan debilitando la confianza en las instituciones.
El dirigente como fiscalizador de la legalidad municipal
Como líderes territoriales, nuestra labor es entender que el orden en el barrio se construye con leyes, reglamentos y estatutos, no con buenas intenciones ni con caprichos. La autonomía de las organizaciones se fortalece cuando el dirigente conoce los límites de la autoridad municipal y puede exigir que estos actúen con estricto apego a la norma.
La lección de este fallo es clara: el Chile del futuro requiere de una gestión local que sea efectiva pero, por sobre todo, legalista. Debemos prepararnos para exigir que los conflictos comerciales en el barrio se resuelvan mediante los canales que la ley permite, evitando que decretos mal fundados terminen siendo anulados en tribunales, generando gastos innecesarios para el municipio y una sensación de impunidad en el territorio.
La reflexión de SOY DIRIGENTE
Un decreto que se salta la ley es un decreto que nace muerto. La verdadera autoridad no es la que clausura por la fuerza, sino la que sabe aplicar la norma con rigor y justicia.
Como dirigentes, nuestro compromiso es con el Estado de Derecho en el barrio, porque solo cuando las reglas se respetan, el progreso de la comunidad es sólido y duradero, pero más importante, la certeza jurídica depende de que las reglas sean claras para todos: para el vecino, para el comerciante y, sobre todo, para el mismo municipio.