En una de las tantas sedes vecinales de Ñuñoa, el recuerdo todavía circula: «Mi mamá iba a ir», dice un vecino; «Mi abuelita tenía planes y ahora solo llora», dice una mujer joven. Habían hablado del viaje, del descanso, de salir por unos días. Pero el viaje nunca ocurrió. Aun así, alguien lo pagó. Y hoy, nadie tiene claro qué pasó realmente.
Recursos públicos bajo sospecha, beneficios en duda
Según consignó EMOL, El Consejo de Defensa del Estado se sumó a una querella por eventuales irregularidades en el programa «Vacaciones Soñadas» de la Municipalidad de Ñuñoa, ejecutado entre 2022 y 2024. La acción apunta a posibles delitos como fraude al Fisco y falsificación de documentos, en un contexto donde se detectaron pagos por servicios no realizados y facturas sin respaldo.
Los montos no son menores: más de $100.000.000 de pesos anuales en los primeros años y cerca de 300 millones en 2024, con inconsistencias entre los viajes programados y los efectivamente ejecutados.
El problema no es solo administrativo. Los programas sociales —especialmente aquellos dirigidos a adultos mayores— operan sobre una base frágil: la confianza. Cuando esa confianza se rompe, el daño excede lo financiero. Porque aquí no se cuestiona solo un gasto, se pone en duda la promesa pública de cuidado.
¿Quién garantiza que los beneficios llegan realmente a quienes los necesitan?
La confianza vecinal como daño colateral
En el barrio, estos casos no se leen como expedientes judiciales. Se traducen en relatos: viajes que no ocurrieron, vecinos que quedaron fuera, dudas sobre cómo se asignan los cupos. La información se fragmenta, pero el efecto se amplifica. Para la dirigencia, el impacto es directo. La junta de vecinos suele ser el puente entre municipio y comunidad, el espacio donde se difunden programas y se canalizan expectativas. Cuando un programa falla, ese puente se debilita.
El dirigente queda expuesto. No porque haya ejecutado la política, sino porque ayudó a validarla. Y en ese escenario, la comunidad no distingue responsabilidades institucionales: solo percibe que algo no funcionó.
Algunos optan por tomar distancia, otros por exigir explicaciones. Pero en ambos casos, la consecuencia es la misma: la relación entre vecinos y autoridades se vuelve más frágil, más desconfiada, más política. Lo que estaba diseñado como beneficio social termina reconfigurando el equilibrio de poder local.
En barrios donde la gestión pública se vive de cerca, los errores no son abstractos. Se sienten.
Palabras al cierre de SOY DIRIGENTE
Cuando un programa social pierde trazabilidad, no solo falla en su ejecución, falla en su legitimidad. Y esa falla no queda contenida en la institucionalidad: se traslada al territorio, donde la confianza es el principal recurso de la vida comunitaria. Sin probidad, no hay política pública que sostenga el vínculo con el barrio.