En una sede vecinal de Concepción, la reunión parte distinta. Hay menos sillas que antes, pero más movimiento. Algunos participan presencialmente, otros se conectan desde el celular. «No todos vienen, pero todos opinan», dice la dirigenta. La escena parece adaptación. Pero también plantea una pregunta que no está resuelta.
Cuando la participación cambia… y la norma no
La baja asistencia a asambleas es una realidad extendida a lo largo del país. Frente a eso, varias juntas de vecinos, uniones comunales y federaciones comenzaron a modificar sus estatutos y con ello sus dinámicas: reuniones híbridas, consultas digitales, control de asistencia con tablets y formatos más breves. El objetivo ya no es llenar la sala, es recuperar la participación, aunque sea usando Zoom, Teams u otro equivalente.
El cambio ocurre en un marco legal que no ha evolucionado al mismo ritmo. La Ley 19.418 —que regula a las juntas de vecinos— sigue operando bajo una lógica presencial. Define quórum en función de asistentes y no contempla explícitamente la participación remota para efectos de votación o validación de acuerdos, generando una nueva tensión. Lo que en la práctica amplía la participación, en lo formal puede debilitarla.
Si un vecino participa por videollamada ¿Está legalmente presente? La ley no lo define. Y en esa omisión, la asamblea híbrida queda en una zona gris, funcional en lo cotidiano, pero potencialmente cuestionable en lo jurídico.
El problema no es menor. Un formato híbrido puede servir para resolver situaciones no esenciales, como rendiciones o instancias operativas —por ejemplo, la conformación de comisiones de seguridad, aseo o electorales—. Pero en decisiones sensibles —como elecciones o modificaciones estatutarias— esa ambigüedad puede abrir espacio a impugnaciones. Lo que se pensó como solución podría transformarse en conflicto.
El barrio como espacio de adaptación… y de riesgo
En el territorio, sin embargo, el cambio ya está ocurriendo: Las organizaciones que incorporan herramientas digitales no lo hacen por innovación, sino por necesidad. Jornadas laborales extensas, tiempos de traslado y desinterés en formatos rígidos han reducido la asistencia presencial. Adaptarse deja de ser opción y pasa a ser condición.
Para la dirigencia, el desafío es doble. Por un lado, ampliar la participación. Por otro, resguardar la validez de las decisiones. No siempre ambas cosas coinciden.
Algunas organizaciones comienzan a ajustar sus estatutos, otras combinan instancias formales con espacios informales de consulta. No es una solución estructural. Pero es una respuesta. Y en ese proceso, aparece una señal más profunda: el problema no era solo la falta de interés, sino la forma en que se invitaba a participar.
El barrio no estaba ausente. Estaba desconectado. Pero al reconectarse, también entra en un terreno nuevo, donde la institucionalidad aún no ofrece certezas.
Lo que creemos en SOY DIRIGENTE
Cuando la participación cambia de forma, pero la ley no cambia con ella, la comunidad comienza a operar en un espacio intermedio entre lo válido y lo necesario. La adaptación no es el problema. El vacío normativo sí lo es. Y en esa tensión, la gobernanza local se redefine en la práctica antes que en la ley.
La comunidad no desaparece. Se reconfigura. Pero aún no tiene un lugar claro en la ley.