En la fila del CESFAM de Pemuco, en la región de Ñuble, una vecina comenta en voz baja: «dicen que hay funcionarios que no vienen nunca». Nadie responde, pero varios asienten con la cabeza. No es un caso aislado, es una sospecha compartida que circula hace tiempo en ese y otros barrios a lo largo de todo Chile.
Cuando la irregularidad deja de ser excepción
La Fiscalía formalizó a 359 funcionarios públicos por el uso de licencias médicas falsas o irregulares, en un caso que expone una práctica extendida más allá de hechos puntuales, consignó recientemente La Tercera. El problema no radica solo en la cantidad, sino en lo que representa: un uso indebido de un instrumento diseñado para proteger la salud, transformado en mecanismo de ausencia laboral injustificada. La investigación apunta a redes que facilitaban la emisión de licencias sin respaldo médico real.
En el papel, existen controles: revisiones de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, fiscalización de servicios públicos y sanciones administrativas. Pero el volumen de casos sugiere que esos controles no han sido suficientes para prevenir ni detectar a tiempo. Cuando una práctica irregular se sostiene en el tiempo, deja de ser anomalía y pasa a ser cultura ¿Qué ocurre cuando el abuso se normaliza dentro del propio sistema?
El impacto silencioso en la relación con el Estado
En el barrio, estos casos no se leen como causas judiciales, sino como experiencia cotidiana. Consultorios con menos personal, trámites que se postergan, atención que se dilata. En el caso de Pemuco, ha sido documentado que médicos se autoemitían licencias entre ellos, varios viajaron a sus países de origen o dejaron de trabajar y el centro quedó prácticamente sin atención médica, en un caso que terminó en formalización penal de profesionales de salud. La consecuencia no es abstracta: es espera.
Para la dirigencia, el efecto es doble. Por un lado, deben canalizar el malestar de vecinos que perciben un servicio deteriorado. Por otro, enfrentan una pérdida progresiva de confianza en las instituciones con las que interactúan a diario. Y ya el problema no es solo la falta de funcionarios, es la percepción de que el sistema puede ser vulnerado sin consecuencias inmediatas. Esa percepción, lamentablemente, tiene un costo político: debilita la legitimidad de lo público en el nivel más cercano, el barrio.
Algunos dirigentes optan por exigir mayor fiscalización, otros por reforzar canales de comunicación con autoridades. Pero en ambos casos, operan sobre un terreno ya erosionado, porque cuando la confianza se pierde, no basta con restituir el servicio. Hay que reconstruir la credibilidad. Y eso no ocurre de un día para otro.
Lo que creemos en SOY DIRIGENTE
Cuando prácticas irregulares se vuelven sistemáticas dentro del Estado, el daño no se limita a la institución, se extiende al territorio. La probidad no es solo un principio administrativo, es la base sobre la cual se sostiene la relación entre comunidad y servicio público. Sin ella, la gestión pierde legitimidad.