La rifa del poder: Solidaridad y probidad en disputa en Coyhaique

En una sede vecinal, una mesa larga exhibe tortas, botellas y electrodomésticos. Los vecinos levantan la mano, ofertan, ríen. Un concejal anima el momento: «todo es para ayudar», dicen. Nadie habla de normativa. Nadie pregunta quién fiscaliza. La escena parece comunitaria, pero el control es difuso.

La escena descrita anteriormente es ficticia, pero se parece mucho a lo que Sebastián Vera (RN), concejal de Coyhaique, hacía al transmitir en redes sociales subastas solidarias, con el fin de reunir dinero para familias con problemas económicos. La entrega de bebidas alcohólicas dentro de los premios levantó red flags que derivaron en una denuncia anónima por eventuales faltas a la probidad, ya que son los mismos concejales quienes fiscalizan las patentes de expendio de alcohol.

Cuando la solidaridad cruza la frontera de la probidad

Los llamados «remates solidarios» impulsados por el concejal Vera —presentados como apoyo a vecinos— terminaron bajo revisión de la Contraloría y en una investigación de la Fiscalía, según reveló The Clinic.

El problema no es la ayuda, sino el mecanismo. En Chile, las autoridades locales están sujetas a estrictas normas de probidad administrativa que regulan el uso de recursos, la relación con privados y cualquier acción que pueda interpretarse como beneficio político o personal. Cuando una actividad mezcla gestión pública, redes personales y circulación de dinero —aunque sea bajo el rótulo de «solidaridad»— la línea se vuelve difusa.

El riesgo es estructural: iniciativas sin marco claro pueden derivar en conflictos de interés, uso indebido de imagen o incluso financiamiento indirecto de capital político. Y cuando eso ocurre, la institucionalidad reacciona tarde, generalmente después de la denuncia.

¿Dónde termina la ayuda comunitaria y comienza el uso político del territorio? Esta situación suele comenzar al revés —dirigentes sociales dándole uso político al territorio para catapultarse a escaños de concejales—, pero no por eso es menos grave.

El barrio como escenario y la dirigencia como testigo incómodo

Para las juntas de vecinos, este tipo de prácticas no es ajeno. Muchas veces son invitadas, participan o validan estas actividades sin tener claridad sobre sus implicancias. La lógica es simple: si hay beneficios para vecinos, se apoya. Pero el costo aparece después.

Cuando una autoridad convierte el espacio comunitario en plataforma —aunque sea con fines solidarios— introduce una distorsión en la relación con la dirigencia. La comunidad deja de ser interlocutora y pasa a ser audiencia. Y el dirigente queda en una posición incómoda: avala, cuestiona o se margina.

El problema no es solo legal, es político. Porque instala una forma de operar donde la cercanía reemplaza a la institucionalidad, y donde la ayuda se vuelve indistinguible del posicionamiento. Al final, el efecto es silencioso pero profundo: se debilitan los límites, se confunden los roles y se tensiona la confianza.

En barrios donde la relación con la autoridad es cotidiana, estas prácticas no pasan inadvertidas. Se comentan, se observan, se acumulan.

Lo que creemos en SOY DIRIGENTE

Cuando la acción pública se mezcla con lógica de beneficio directo sin reglas claras, la probidad deja de ser un estándar y pasa a ser una interpretación. Y en ese terreno, el riesgo no es solo legal, es comunitario: se erosiona la confianza en cómo se ejerce el poder local.