Una radio a todo volumen en la madrugada, una vereda obstruida por escombros o un grupo de jóvenes ocupando la plaza con alcohol. En cualquier lugar de Chile, estas escenas son el combustible de las tensiones vecinales. La respuesta de muchos municipios ha sido la creación de estrictas ordenanzas, y un buen ejemplo es la comuna de Independencia, que hizo lo propio el pasado 11 de febrero: El alcalde Agustín Iglesias, acompañado por la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, lanzó oficialmente la ordenanza «0 Incivilidades», una declaración de principios que busca recuperar el barrio mediante el endurecimiento de sanciones a conductas que, aunque menores frente al delito violento, destruyen el tejido social: ruidos molestos, rayados, comercio irregular y consumo de alcohol en la vía pública.
Se trata de un despliegue de multas y fiscalización que busca recuperar el espacio público mediante la sanción. Sin embargo, tras el rigor del decreto se esconde una realidad más compleja: la línea entre la falta y la convivencia es tan delgada que, a menudo, el inspector municipal termina siendo el juez de conflictos que la comunidad ya no sabe resolver por sí misma.
El peso de la norma y la trampa del castigo
Desde lo institucional, estas ordenanzas se amparan en las facultades de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para resguardar la seguridad y el ornato. Pero el rigor estructural del análisis nos obliga a mirar más allá del papel timbrado. El problema surge cuando la normativa se convierte en una herramienta recaudatoria o, peor aún, en una vía para que vecinos con rencillas utilicen al Estado local como arma contra otros ¿Quién define qué es una «incivilidad» cuando la calle es, por definición, un espacio de uso diverso? Mientras la banca y el comercio formal a menudo gozan de permisividad, el pequeño comerciante o el vecino de a pie enfrentan multas que pueden desestabilizar la precaria economía familiar. El rigor debe ser parejo, pero en la práctica, la fiscalización suele concentrarse en los sectores donde el Estado ya es una figura punitiva antes que protectora.
El dirigente como mediador en tiempos de multas
Para el dirigente social, la ordenanza «0 Incivilidades» representa un desafío ético monumental. Si bien el orden es necesario para la seguridad, el liderazgo territorial no puede limitarse a ser un delator de infracciones. La autonomía de las comunidades se fortalece cuando la Junta de Vecinos actúa como una primera instancia de mediación, evitando que cada roce termine en el Juzgado de Policía Local. La verdadera sostenibilidad de un barrio no se logra con inspectores en cada esquina, sino con un pacto de corresponsabilidad. Debemos preguntarnos: ¿Estamos construyendo comunidades más seguras o solo barrios más vigilados y silenciosos? La lección que nos dejan estas normativas es que el orden impuesto desde arriba es frágil si no hay un trabajo de base que reconstruya el respeto mutuo.
Conclusión para el Dirigente Social
La convivencia no se decreta, se cultiva. Una ordenanza puede limpiar una calle de ruidos y obstrucciones, por un rato, pero solo la organización vecinal puede llenar ese espacio de confianza y respeto real. En ese sentido, la ordenanza «0 Incivilidades» será tan buena como su capacidad de ser aplicada, pues no dependerá solo del alcalde, sino de la capacidad de los vecinos organizados para vigilar su propio entorno y exigir que la ley se cumpla, pero no como un mero fiscalizador, sino que como el arquitecto del pacto.